El aborto, ¿un nuevo derecho?


En una reciente conferencia pronunciada en la Universidad Carlos III como respuesta a la polémica generada por la nueva Ley del Aborto, el catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado Óscar Celador nos transmitió el carácter de la reforma, y delimitó su futura aplicación práctica.

Celador, experto en derechos y ciudadanía, expuso los argumentos sanitarios, éticos y políticos que hacen de este debate uno de los más polémicos en nuestro país.Según él, el nuevo texto pretende acabar con el mercado negro de las clínicas privadas y establecer el “derecho a la maternidad libremente decidida”. La ley vigente, promulgada en 1983, limitaba el aborto a unas determinadas condiciones (conocidas como ‘supuestos’) y a un plazo máximo de doce semanas.

La nueva ley supone el paso de un estado paternalista, que decide sobre la maternidad de las mujeres, al modelo opuesto, en el que son las mujeres quienes toman libremente cualquier decisión que altere su estado físico y psicológico. La naturaleza progresista que subyace en este cambio colisiona frontalmente con la moral católica compartida por una gran mayoría de ciudadanos en nuestro país. De ahí la necesidad de matizar escrupulosamente esta reforma legislativa.

Los supuestos contemplados por la ley del 83 escondían un perverso vacío legal: los médicos comenzaron a escudarse en la cláusula de conciencia para negarse a practicar abortos en la sanidad pública. Sin embargo, sí aceptaban gustosamente la misma petición en sus clínicas privadas. De modo que un servicio de semejante importancia sanitaria acabó convirtiéndose en el lucro de muchos facultativos, además de un acuciante problema de salud pública derivado de las malas prácticas abortivas.

Con el objetivo de acabar con este sinsentido, la nueva ley sustituye los ambiguos supuestos por la plena libertad de la mujer de decidir qué hacer con su vientre. La consolidación de este derecho y la mejora de la formación ginecológica de las nuevas promociones sanitarias, pretenden instaurar la profesionalidad y despenalizar esta práctica, hasta ahora tachada en muchos casos de ‘ilícito penal’. No debemos olvidar que el aborto es el peor drama al que se puede enfrentar una mujer. Son ellas, y no los políticos, los médicos ni los juristas, quien lo sufre tanto física como psicológicamente. Si a pesar de sus inconvenientes las mujeres deciden llevarlo a cabo, el estado debería como mínimo darle el visto bueno.

No obstante, hay un aspecto fundamental de esta problemática que la nueva ley apenas menciona. Se trata de la educación sexual, clave en la aportación a los jóvenes de recursos necesarios, con el objetivo de prevenir el aborto como única alternativa real al embarazo. No es casualidad que los países nórdicos, que cuentan con el menor índice de embarazos de Europa, sean los que tienen la educación sexual más asimilada en sus sistemas educativos. Coincido, pues, con Celador al decir que “el gobierno no se ha atrevido a incluir una asignatura de educación sexual en la reforma”.

La aprobación de la Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado el 24 de febrero garantizó su implantación el próximo 5 de julio. Pero el camino hasta la cámara alta ha sido tortuoso, ya que el anuncio hace casi un año del proyecto de ley desató las hostilidades del sector conservador de nuestro país, encabezado por la Conferencia Episcopal.

El primer escollo se produjo en el Congreso de los Diputados, donde la mayoría socialista permitió a la reforma continuar su carrera hacia el ordenamiento jurídico. Fue entonces cuando el Partido Popular decidió utilizar todos sus instrumentos políticos para obstaculizar el avance de la reforma. Éstos se tradujeron en tres vetos y ochenta y ocho solicitudes de enmiendas.

Así las cosas, el recibimiento de la propuesta parecía abocarla al fracaso o a un recorte considerable de sus aspiraciones. Además, tras pasar por el Congreso el proyecto llegaba al Senado, cámara de clara superioridad conservadora. Fue entonces cuando, sorprendentemente, la norma alcanzó la mayoría suficiente para ser transformada en ley (132 votos a favor frente a 126 en contra).

La nueva Ley del Aborto entrará en vigor dentro de cuatro meses, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La reacción de sus detractores no se ha hecho esperar. La protesta más multitudinaria tuvo lugar el pasado domingo, cuando más de cuatro mil personas se manifestaron en Córdoba bajo el lema “España, vida sí”.

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